Adelante Andalucía denuncia que la detención de un empresario del sector agroalimentario en Huelva tras ser acusado de abuso continuado de mujeres migrantes a las que sometía a todo tipo de violaciones, coacciones, amenazas y vejaciones, no es un caso único y que los casos de mujeres trabajadores sometidas a este tipo de prácticas en el sector es habitual.
La candidata onubense a las próximas elecciones andaluzas, Mari García, asegura que “desde hace años se han recibido denuncias similares y tenemos a cientos de trabajadoras explotadas” señalando que “este caso de extrema gravedad con mujeres violadas bajo amenazas de perder su trabajo es la punta del iceberg mientras todas las administraciones miran para otro lado, hay que hacer un frente común para pararle los pies a los empresarios abusadores que actúan como si sus trabajadoras fueran de su propiedad”.
Desde Adelante Andalucía reclaman que la inspección de trabajo y la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, cuya titular es la onubense Loles Lopez, trabajen para garantizar condiciones dignas para las trabajadoras migrantes y recuerdan que desde su grupo parlamentario presentaron enmiendas al presupuesto andaluz para asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector que fueron rechazadas por el Partido Popular.
García se ha preguntado “¿qué más tiene que pasar en el campo de Huelva para que las administraciones se tomen en serio lo que está ocurriendo?” enfatizando que es “imprescindible que la ciudadanía de Huelva sepa que a apenas unos kilómetros hay trabajadoras pasándolo muy mal y se impliquen en reclamar a las instituciones una solución porque es una cuestión de derechos humanos mientras unas y otras se tiran la pelota”.
Desde Adelante Andalucía, asimismo, recuerdan que hay organizaciones como Jornaleras en Lucha, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) o la Asociación de Mujeres Migrantes (AMIA) que llevan décadas trabajando sobre el terreno para que los empresarios de la agricultura onubense cumplan con los derechos de las trabajadoras temporeras sin que las administraciones implicadas hayan atajado los problemas que se siguen reproduciendo en los asentamientos de temporeros migrantes que están repartidos por la provincia de Huelva.
